Así lo señaló, Jaime Dupuy, director ejecutivo de Comex Perú. Además, recordó que, durante el gobierno militar de Velasco, las pérdidas acumuladas por las empresas públicas ascendieron a 2 mil 481 millones de dólares, es decir un 10% del PBI.
El Perú tiene toda una historia que contar sobre el manejo de empresas estatales. A manera de ejemplo, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), durante el gobierno militar de Velasco, las pérdidas acumuladas por las empresas públicas ascendieron a 2 mil 481 millones de dólares en 1979, un 10% del PBI.
Al respecto, Jaime Dupuy, director ejecutivo de Comex Perú, sostiene que es muy importante cumplir con el marco constitucional que dispone el rol subsidiario del Estado en la economía. Pues “lo estratégico no es que el Estado desarrolle empresa, sino asegurar que la ciudadanía reciba servicios de la mejor forma. Es decir, que se permitan empresas estatales, pero ahí donde no exista oferta privada o por ser de evidente interés público. Y claro, con la necesidad de emprender medidas que permitan profesionalizar la gestión de estas empresas, vía designación de personal técnico y especializado, e implementando en la gestión principios de buen gobierno corporativo”.
En ese sentido, explica que “cuando se pide que el Estado se haga cargo de determinadas empresas, no es que el Estado sea un ente especializado y técnico. Significa que al final sean personas designadas por el Gobierno de turno las que se encarguen del manejo de esas empresas. Y por ello los malos resultados que vemos, salvo muy contadas excepciones”.
Finalmente, Dupuy subraya que hacer empresa significa invertir capital y asumir el riesgo de la inversión con el patrimonio propio. “Quienes manejan las empresas estatales no disponen de su capital ni asumen riesgos. El capital y los riesgos los asumimos nosotros los contribuyentes. De ahí que no existan los incentivos económicos para emprender una buena gestión empresarial por parte del Estado”, afirma y agrega que los recursos públicos son limitados y deben ser usados de la mejor forma posible en sectores prioritarios como salud, educación, seguridad e infraestructura.
