En un evento regional en el que participaron representantes de la administración pública y ONG, la doctora Susana Mosquera expuso sobre los desafíos de la política e integración migratoria en la región, el Perú y el mundo.
Mosquera se refirió a la actual crisis migratoria mundial: al impacto de las políticas nacionales e internacionales y su énfasis en la inclusión antes que en la exclusión. Asimismo, resaltó la contribución económica de los migrantes y subrayó la importancia de una regulación que equilibre la seguridad nacional con la protección de los derechos humanos.
Susana Mosquera, decana de la Facultad de Derecho de la UDEP, abordó estos temas en la VII Sesión de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria-Piura, organizada por la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Piura.
El evento se desarrolló el 30 de enero en la Universidad de Piura y participaron diversos representantes de la administración pública y las ONG vinculadas al tema migratorio en la región.
Migración y derechos
En la mesa de gestión migratoria, la doctora Mosquera destacó la precisión coyuntural del evento, con la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y las decisiones aplicadas en política migratoria. “Estas medidas van a tener un nivel altísimo de impacto en la gestión migratoria, en la economía y en la convivencia de las distintas naciones en la región de América Latina”, indicó.
Desde una perspectiva sociológica-migratoria, Mosquera se refirió a un cambio de paradigma en el mundo, en el que los países se dirigen a una “gran transición” entre el “enfoque de una hospitalidad selectiva” a un “enfoque de exclusión” (la deportación).
Para la experta en Derecho internacional, este cambio significa la ausencia de un enfoque esencial: la inclusión. Mosquera mencionó que el mundo está envejeciendo y la gente joven, latina y migrante, es capaz de ser transformada en capital humano y económico.
“Tenemos un problema que se resuelve con integración, no con rechazo o exclusión”, precisó.
La decana de Derecho de la UDEP distinguió diversas categorías —como las obligaciones jurídicas y morales de inclusión social, la promoción de la regularización, las medidas de control migratorio, la criminalidad y los estereotipos negativos—, las cuales son problemáticas que deben ser atendidas por las autoridades del Estado y la sociedad civil para evitar escenarios como la trata de personas, la migración ilegal o el tráfico de migrantes.
“No hacerlo coloca a los migrantes como apátridas que no tendrán el respaldo de una protección jurídica de ningún tipo. Serán personas sin derecho a tener derechos”, declaró Mosquera, referenciando el concepto de libertad y la banalización del mal de la filósofa política Hannah Arendt.
Datos y reflexiones
La doctora Mosquera reveló que existe una grave percepción de inseguridad que aumenta cada año. Esta situación genera un elemento subjetivo a través del cual el flujo migratorio se asocia con la criminalidad y las autoridades públicas legislan en base a fórmulas discriminatorias.
No obstante, señaló, la migración extranjera al Perú tiene una naturaleza positiva que no se repite en los peruanos en el extranjero. “El migrante en Perú representa 530 millones del PIB, donde el grueso de sus ingresos se queda en territorio peruano. El peruano que migra, por el contrario, envía el 63 % de sus ingresos a sus familias. No aporta tanto al país que lo recibe”, reveló.
Finalmente, Mosquera indicó que la movilidad humana seguirá existiendo por guerras o crisis económicas y, por dicha razón, se debe avanzar hacia una fórmula de regulación jurídica que permita la convivencia entre la protección de la persona y la defensa de la seguridad nacional.
“Una persona migra para mejorar, no para empeorar. Migración segura es el moverse bien, pero la problemática de trabajar con los ODS la resolvemos todos juntos: lo público, lo privado, las organizaciones de la sociedad civil, los investigadores, los medios de comunicación, los cuales pueden aportar, eventualmente, un enfoque de resolución”, reflexionó.
Al evento asistieron miembros del GORE Piura, de la Municipalidad Provincial Piura, de Migraciones, la Policía Nacional del Perú, entre otros actores públicos.
Asimismo, integrantes de las ONG Save The Children, Care Perú y We World presentaron sus avances 2024 en gestión migratoria.
