El número de extorsiones y homicidios crece aceleradamente en la región, mientras los recursos para combatir la delincuencia se reducen. El IPE advierte sobre la urgencia de mejorar equipamiento y financiamiento en seguridad.
El avance de economías ilegales ha generado un entorno cada vez más riesgoso para el país. A nivel regional, Ica es una de los departamentos que ha experimentado mayor crecimiento de la criminalidad. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), entre 2019 y 2024, las denuncias por extorsión se cuadruplicaron, las denuncias por estafa se triplicaron, y la tasa de homicidios casi se duplicó.
Frente a esto, el trabajo articulado entre el patrullaje policial y el serenazgo municipal cumple un rol clave en la efectividad de los servicios de seguridad. “Ica es la tercera región con mayor implementación de patrullaje integrado, donde cuatro de cada cinco comisarías operan en conjunto con los serenazgos, compartiendo rutas de patrullaje y evitando duplicidades o zonas desprotegidas”, revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
No obstante, la eficacia de estas medidas se ve limitada por la precariedad del equipamiento policial. “A 2023, solo el 16.7% de las comisarías cuenta con radios portátiles”, indicó el IPE. Sumado a esto, se encuentra el factor de la escasez de los recursos presupuestales. El monto asignado para el orden público, si bien se incrementó en 9.2% en el presente año, es 35.4% menor al del año 2019. Por su parte, el presupuesto de las municipalidades iqueñas aumentó 34% respecto a niveles prepandemia, sin embargo, se redujo 29.6% en términos reales frente al 2024.
Para el IPE, abordar la creciente inseguridad y el impacto de las actividades ilegales en Ica, es indispensable mejorar tanto la infraestructura como el equipamiento de las comisarías. “Esto implica incrementar el presupuesto destinado a la seguridad pública, así como impulsar mecanismos de financiamiento como las Obras por Impuestos (OxI) para garantizar los recursos necesarios”, argumentó. Asimismo, considera indispensable la cooperación entre el Estado y autoridades locales para la creación de políticas integrales y planes de acción que generen una mayor efectividad en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
