Videnza Instituto advierte que la descentralización no ha logrado cerrar brechas: se manejan más recursos, pero con baja capacidad técnica y sin resultados visibles.
El debilitamiento del frente fiscal se perfila como el mayor riesgo económico para el Perú. Aunque la política monetaria mantiene su solidez gracias a la autonomía del Banco Central de Reserva, el gasto público descontrolado y las decisiones políticas de corto plazo están erosionando la capacidad financiera del Estado. “Seguimos pensando que tenemos una riqueza que puede durar eternamente, y no es así”, advirtió Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto, al referirse al aumento de la deuda y a la pérdida de activos públicos.
En la última década, la deuda del país subió del 4 % al 24 % del PBI, mientras que fondos como el de estabilización fiscal se fueron agotando. A ello se suma la falta de transparencia en la rendición de cuentas, evidenciada en el incumplimiento del Congreso al no aprobar la Cuenta General de la República. Para Castilla, este panorama refleja una fragilidad institucional creciente que amenaza la sostenibilidad macroeconómica y la credibilidad del país.
Asimismo, a más de veinte años del proceso de descentralización, los resultados siguen siendo insuficientes. Pese al incremento de recursos en los gobiernos regionales, los avances en servicios básicos son escasos. “Tenemos mucho recurso que no se gasta y una población que no recibe beneficios reales”, sostuvo el director de Videnza, quien insistió en la urgencia de fortalecer la meritocracia y la capacidad técnica en la gestión pública.
Pese a los riesgos, el país aún tiene una ventana de oportunidad: la transición energética y la alta demanda global de minerales. Aprovecharla —subrayó Castilla— dependerá de recuperar la estabilidad y aplicar políticas fiscales prudentes. El desafío está en convertir esa riqueza en desarrollo real, sin repetir los errores del pasado.
