Analistas y líderes regionales coinciden en que la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión prosperan gracias a vacíos del Estado y redes corruptas.
La corrupción y las economías ilegales mantienen una relación que explica buena parte del avance del crimen organizado en el Perú. Así lo confirma la última Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción de Proética, según la cual el 94 % de los peruanos asocia la corrupción con actividades ilícitas como la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico. Esta percepción refleja cómo los vacíos institucionales permiten que estas redes se consoliden en varias regiones del país.
Para César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú (Aprosec), la corrupción actúa como un encubrimiento estructural del delito. “Es un manto que cubre la extorsión, el sicariato y los secuestros”, afirmó. Y agregó que “los resultados no han variado en nada y eso es lo más preocupante”, al referirse a la persistencia de la inseguridad pese a las medidas tomas por el Estado.
En la misma línea, el analista político trujillano Greco Quiroz advirtió que la criminalidad no actúa de manera aislada. “La delincuencia y la minería ilegal, para que puedan operar, requieren necesariamente la participación de autoridades públicas”, dijo, y señaló responsabilidades que alcanzan a la policía, ministerios y gobiernos regionales y locales. Para el decano del Colegio de Abogados de Cusco, Franz Chevarría, esta conexión es evidente: “Las actividades delictivas no vienen solas, sino que se articulan varios delitos conexos. La corrupción tiene un lazo muy estrecho con la informalidad y, sobre todo, con la criminalidad organizada”.
Por su lado, el especialista ayacuchano Raúl Vegas Morales sostuvo que “las economías ilegales tienen un cordón umbilical con la corrupción”, y señaló que el narcotráfico y la minería ilegal dependen de la tolerancia o participación de sectores del propio Estado para operar. Las coincidencias entre los expertos apuntan a un mismo diagnóstico: mientras no se enfrente de manera frontal la corrupción dentro del aparato estatal, las economías ilegales seguirán alimentando la inseguridad, debilitando la institucionalidad y golpeando el desarrollo económico y social del país.
