El especialista en Derecho Penal, Ronald Vílchez, analiza los riesgos de difamación y las brechas en la seguridad jurídica de la prensa peruana, subrayando la importancia de la veracidad informativa para evitar penas que pueden alcanzar los cinco años de prisión.
Durante el II conversatorio “Hablemos sobre temas electorales”, organizado por la Universidad de Piura (UDEP), el profesor Ronald Vílchez abordó la delicada situación de la seguridad jurídica de los periodistas en el país y los riesgos legales que enfrentan al ejercer su labor informativa.
Vílchez advirtió que en el contexto actual los comunicadores están expuestos a presiones políticas y económicas y, también, a denuncias penales que pueden convertirse en mecanismos de hostigamiento. “En nuestro país pueden denunciar con cualquier cosa”, afirmó, remarcando que una denuncia, aun sin condena, genera desgaste emocional, económico y profesional.
El jurista, especialista en Derecho Penal, explicó que no se trata de evitar denuncias —porque estas siempre son posibles— sino conocer qué conductas pueden derivar en una condena penal. “La posibilidad de que nos denuncien existe siempre; lo importante es no ser condenados penalmente”, precisó.
En ese sentido, identificó escenarios de alto riesgo para los periodistas, como ofender desde un espacio mediático, atribuir delitos sin sustento o difundir información no corroborada. “Colocar la palabra ‘presunto’ no es un escudo que nos salva de todo”, advirtió.
Vílchez recordó que reproducir información falsa también tiene consecuencias legales. “El ‘yo solo lo reproduzco’ no exime de responsabilidad penal”, señaló, citando casos emblemáticos en el país.
El docente de la UDEP explicó, además, las diferencias entre injuria, calumnia e información agravada, subrayando que las penas pueden llegar hasta cinco años de prisión cuando se afecta el honor a través de medios de comunicación. Sin embargo, aclaró que existen supuestos legales donde no hay sanción penal, como críticas científicas, opiniones vertidas en procesos judiciales o valoraciones hechas por funcionarios en ejercicio de sus labores.
Finalmente, destacó la importancia de diferenciar la libertad de información de la libertad de expresión, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. “El derecho de información exige veracidad y diligencia en la comprobación de los hechos”, enfatizó.
El doctor Vílchez cerró su exposición con un llamado a la prevención legal en el ejercicio periodístico. “Todos estamos expuestos a ser denunciados, pero eso no significa que todo termine en una condena penal”, concluyó. Resaltó, asimismo, la necesidad de asesoría legal y protocolos claros para proteger el ejercicio de la prensa.
