El economista Giacomo Puccio advierte que, de enero a mayo, los casos disminuyeron 33%, pero pide concentrar patrullajes y mejorar la articulación judicial para frenar este delito.
La Libertad sigue enfrentando un panorama sumamente preocupante por el avance de la criminalidad organizada. Según detalló Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), la región continúa ubicándose en el segundo lugar a nivel nacional con la mayor cantidad de denuncias por extorsión, posicionándose únicamente por detrás de Lima Metropolitana. Esta situación persiste a pesar de que las cifras oficiales muestran una tendencia a la baja en el transcurso del presente año.
En términos específicos, entre enero y mayo de 2026 se registraron casi 1400 denuncias, una cifra que representa una reducción del 33% en comparación con el mismo periodo del 2025. No obstante, Puccio enfatizó la necesidad de no bajar la guardia frente a este escenario: «A pesar de esta nueva reducción, incluso ahí seguimos siendo la segunda región con más casos de extorsión, si bien hay indicios de mejora, igual todavía hay mucho por hacer». Además, advirtió que estas estadísticas representan solo los casos denunciados formalmente, por lo que deben tomarse con cautela, ya que muchas víctimas deciden no denunciar por desconfianza en las instituciones o por considerarlo una pérdida de tiempo.
Para combatir eficazmente esta problemática que golpea severamente la economía familiar y a los pequeños negocios, el especialista instó a focalizar los esfuerzos preventivos mediante el patrullaje y la vigilancia en zonas comerciales, paraderos de transporte urbano y sectores con mayores niveles de inseguridad. Asimismo, destacó que para lograr resultados reales es indispensable un esfuerzo conjunto entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En ese sentido, Puccio remarcó que, «si queremos enfrentar delitos como la extorsión, tenemos que mejorar la investigación y que las instituciones compartan información y articulen sus acciones para lograr un cambio significativo».
La situación también resulta relevante para Piura, donde la extorsión representa una amenaza para la actividad comercial y el transporte, además de afectar la seguridad de las familias.
