Siete de cada 10 liberteños consideran la delincuencia uno de los principales problemas del país

La percepción ciudadana coincide con el aumento de denuncias y extorsiones, mientras el presupuesto para orden público y seguridad cayó 20.9%.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) informó que, al primer trimestre de 2026, siete de cada 10 habitantes de La Libertad consideraron la delincuencia como uno de los principales problemas del país. La preocupación coincide con un deterioro de los indicadores de seguridad en la región. Entre 2020 y 2025, la tasa de denuncias pasó de 1805 a 2852 por cada 100 mil habitantes. Sobre la gravedad del escenario, el IPE advirtió: “A pocos días de las elecciones regionales y municipales de octubre, es urgente evaluar si los candidatos presentan medidas viables para enfrentarla desde sus competencias”.
Las extorsiones muestran uno de los mayores incrementos. Entre enero y julio de 2026, La Libertad registró 76 denuncias por este delito por cada 100 mil habitantes, la segunda tasa más alta del país después de Tumbes. Más del 60% de los casos se concentró en Trujillo, Chepén y El Porvenir. A ello se suma la expansión de la minería ilegal: en 2025, la región reportó 19 denuncias por cada 100 mil habitantes, casi tres veces el nivel de 2020 y más del doble del promedio nacional.
Pese al aumento de la inseguridad, el presupuesto destinado a orden público y seguridad cayó 20.9% en términos reales y llegó a S/893 millones en 2026. Frente a este escenario, el IPE resaltó las responsabilidades de las próximas autoridades: “Las municipalidades pueden fortalecer el serenazgo, identificar zonas de riesgo y coordinar operaciones con la Policía; mientras que el Gobierno Regional puede articular intervenciones, ejecutar inversiones en seguridad y reforzar las acciones de prevención”.
En Piura, la seguridad también debería ocupar un lugar central en la agenda de las próximas autoridades, especialmente por el impacto que la delincuencia puede tener sobre las familias, los comercios y el transporte. El reto no será únicamente incrementar los recursos destinados a seguridad, sino definir cómo utilizarlos de manera efectiva: fortalecer el serenazgo, identificar zonas de mayor riesgo, mejorar la iluminación y recuperar espacios públicos, además de establecer una coordinación permanente con la Policía.