Cuando hay un conflicto social, generalmente se identifica a las partes en disputa con liderazgos claros, sustentados en una plataforma de lucha definida, con un pliego petitorio específico y, sobre todo, se puede identificar fácilmente a los actores. Si revisamos la agenda del pliego petitorio, se tiene una lista larga de demandas que tienen un denominador común; son pedidos políticos.
A esto se han sumado agendas particulares de actores políticos, como la liberación de Castillo y la convocatoria a una Constituyente. Si revisamos con detenimiento estas demandas, ninguna de ellas está referida a los problemas de fondo que viven estas regiones, tradicionalmente postergadas y hasta excluidas del establishment. En consecuencia, si estamos ante un conflicto político, la solución tiene que ser política.
De lo contrario, podríamos caer a una espiral de violencia, arrastrando a todo el país en los delirios y angurrias de poder de los actores políticos. Por eso, en el horizonte, es determinante el rol del Congreso para lograr la solución política. El problema es que tenemos un Parlamento descalificado, sin credenciales democráticas y, sobre todo, mediocre. Así que no termina la crisis política; estamos solo en el inicio, lamentablemente.
