La Contraloría General de la República advirtió que los alcaldes del país no pueden destinar recursos municipales para actividades de carácter proselitista, ya que ello constituye un uso indebido de los fondos públicos y puede derivar en sanciones administrativas y penales.
El vocero de la Contraloría, Juan José Díaz Guevara, señaló en declaraciones a RCR Red de Comunicación Regional que el uso de dinero público con fines políticos podría tipificarse como malversación de fondos. Explicó que, en caso de detectarse indicios de irregularidades, la Contraloría elabora un informe que es remitido al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes.
Marco legal y sanciones
Díaz Guevara precisó que el Sistema Nacional de Presupuesto Público establece que toda asignación de recursos debe ejecutarse dentro del marco de la legalidad y en beneficio de la gestión pública y la ciudadanía. Esta aclaración se realizó en respuesta a consultas sobre solicitudes de financiamiento para protestas por parte de frentes de defensa y comités de lucha.
El funcionario enfatizó que cualquier autoridad edil que utilice fondos públicos para actividades ajenas a su función municipal podría enfrentar severas consecuencias. “Los alcaldes que incurran en malversación de recursos pueden ser inhabilitados de sus funciones y sometidos a procesos judiciales”, advirtió.
Llamado a la transparencia
La Contraloría instó a los gobiernos locales a garantizar un manejo transparente y responsable del presupuesto municipal, reiterando su compromiso de fiscalizar el adecuado uso de los fondos públicos. Asimismo, recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier irregularidad que afecte la correcta administración de los recursos estatales.
