Mientras países como Colombia y Chile cuentan con mapas de riesgo sísmico que les permiten estimar con precisión las pérdidas económicas y humanas que ocasionaría un terremoto sobre sistemas de infraestructura crítica, en el Perú aún no existe un estudio nacional o regional que determine cuantitativamente cuál sería el impacto de un sismo de gran magnitud sobre viviendas, colegios, hospitales, puentes, centrales hidroeléctricas, carreteras, edificios de gobierno, etc. Así lo advirtió el ingeniero civil Juan Carlos Atoche Arce, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura (UDEP) y especialista en sistemas de infraestructura y gestión de riesgos de desastres.
El especialista explicó que el país dispone de un mapa de amenaza sísmica, el cual identifica zonas donde un movimiento sería más intenso durante un terremoto. En el caso de Piura, las provincias ubicadas en la costa, como Piura, Paita, Sechura y Talara, presentan una amenaza sísmica alta, mientras que las zonas más orientales de Ayabaca, Morropón y Huancabamba registran niveles menores de amenaza. Sin embargo, precisó que ese mapa solo muestra cómo se movería el suelo y no permite conocer qué edificaciones colapsarían o cuáles resistirían un evento de gran magnitud.
Atoche señaló que el gran desafío es desarrollar evaluaciones de vulnerabilidad sísmica de las construcciones existentes. Estos estudios permiten determinar si un colegio, un hospital, un puente, una carretera o una vivienda soportarían un terremoto; considera factores como la antigüedad de la infraestructura, el diseño estructural, el diseño geotécnico, el mantenimiento y la calidad de la construcción. “Lo que debemos evaluar ya no es la amenaza del terreno, sino la vulnerabilidad de las edificaciones.
Esa información es la que permitirá conocer realmente el riesgo sísmico de Piura”, explicó.
Único estudio nacional se realizó en el 2015
El docente recordó que el único diagnóstico de gran alcance realizado en el país fue el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE2025), elaborado tras el primer Censo Nacional de Infraestructura Educativa ejecutado en 2015. Ese trabajo, coordinado por Atoche como parte de una asistencia técnica del Banco Mundial, permitió evaluar cerca de 50 mil instituciones educativas públicas del país y establecer la inversión necesaria para garantizar la seguridad a la vida de 6 millones de niñas y niños que asisten a estos espacios de aprendizaje. Como resultado, el PNIE -recientemente extendido hasta el 2028- estimó que las necesidades de inversión para asegurar las condiciones mínimas de seguridad y funcionalidad de dichos espacios ascienden a 60,000 millones de soles (17,600 millones de dólares).
Como parte de ese estudio se identificó que muchas escuelas construidas antes de la década de los 80 presentan mayores niveles de vulnerabilidad sísmica debido a que fueron diseñadas con normas estructurales antiguas. No obstante, aclaró que ello no significa necesariamente que deban demolerse.
“Muchas de estas instituciones pueden ser reforzadas estructuralmente. La demolición solo debe considerarse cuando las edificaciones fueron construidas de manera informal o presentan deficiencias que hacen inviable su recuperación”, indicó.
Atoche sostuvo que este tipo de diagnósticos debería actualizarse cada tres o cinco años para conocer el estado real de la infraestructura pública, tal como ocurre en otros países con alta actividad sísmica.
Finalmente, recomendó priorizar la evaluación de la vulnerabilidad sísmica en colegios, hospitales, puentes, carreteras, puertos, centrales hidroeléctricas, presas y demás infraestructura estratégica construida hace varias décadas, con el fin de identificar cuáles requieren reforzamiento estructural y cuáles deben ser reemplazadas.
