Delincuencia y extorsión golpean a empresas, hogares y frenan el crecimiento. El Estado gasta mal y el costo supera el 2% del PBI.
La crisis de inseguridad en Perú se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población. La violencia y la extorsión afectan a sectores clave como el transporte y el comercio, con ataques recientes como el asesinato de transportistas y atentados en eventos públicos. El Ministerio de Economía y Finanzas estima que la criminalidad costará S/19.800 millones al cierre de 2025, equivalente al 1,7% del PBI, mientras que otros organismos elevan el impacto económico hasta el 3%.
Este fenómeno, calificado por expertos como un “impuesto criminal”, obliga a empresas y hogares a destinar cada vez más recursos a su protección. Las extorsiones se han multiplicado más de 400% en cinco años, afectando principalmente a pequeñas empresas, muchas de las cuales han cerrado por no poder pagar cupos. Solo en 2022, el sector privado gastó más de S/11.000 millones en seguridad. Esta carga adicional distorsiona la inversión, eleva los costos del transporte y reduce el consumo de los hogares.
Pese a la gravedad del problema, el Estado no responde con eficacia. La ejecución del presupuesto para seguridad apenas llegó al 62% en 2024 y ha caído en términos reales desde 2019. Expertos coinciden en que no solo se requieren más recursos, sino usarlos mejor: fortalecer inteligencia policial, reducir la corrupción y priorizar el combate al crimen organizado. Sin un plan claro, advierten, la inseguridad seguirá frenando el desarrollo del país.
