Las encuestas de intención de voto vuelven a colocarse en el centro del debate electoral, no solo por sus resultados, sino por las dudas razonables que generan sobre su credibilidad y control. Así lo sostuvo Fernando Huamán, profesor de Opinión Pública de la Universidad de Piura, durante el II conversatorio “Hablemos sobre temas electorales”, un espacio donde se dialogó y conoció sobre las Elecciones Generales 2026.
Huamán señaló que el principal problema no es la existencia de encuestas, sino la poca confianza que hoy generan en la ciudadanía, especialmente cuando se observan cambios abruptos en las preferencias electorales sin hechos políticos relevantes que los expliquen; señaló, mostrando ejemplos de elecciones anteriores. “Si no ha ocurrido un hecho político destructivo, los cambios de tendencia no pueden ser bruscos; cuando lo son, es legítimo preguntarse qué está pasando”, afirmó.
El especialista recordó que en procesos anteriores se registraron variaciones drásticas en las encuestas a pocos días de la elección, sin que mediara un escándalo, debate decisivo o acontecimiento de alto impacto. “Las opiniones cambian de manera progresiva, no de un día para otro. Cuando eso no ocurre, estamos frente a un comportamiento que merece ser observado con cuidado”, indicó.
Uno de los puntos más críticos de su exposición estuvo referido a la limitada capacidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para fiscalizar el trabajo de las empresas encuestadoras. Según explicó, el sistema actual no permite verificar con certeza dónde se realizaron las encuestas ni si se cumplió la distribución geográfica declarada en las fichas técnicas. “Hoy no existe una herramienta que permita comprobar si el trabajo de campo se hizo realmente donde se dice en las fichas”, advirtió.
Huamán, también director del Centro de opinión Pública (CIOP) de la UDEP, cuestionó que, pese a los avances normativos, la fiscalización siga siendo básicamente formal. “El JNE valida coherencias internas, pero no puede auditar el trabajo de campo. Eso deja un vacío enorme en términos de transparencia”, sostuvo. Además, remarcó la necesidad de fortalecer los procesos de digitalización y control.
Otro elemento de preocupación es la proliferación de encuestas sin registro, especialmente en plataformas digitales y redes sociales, que circulan sin supervisión efectiva. “Estamos viendo encuestas por todos lados, muchas de ellas sin estar inscritas ni cumplir estándares mínimos. Eso altera la conversación pública”, señaló el docente de la UDEP.
En ese contexto, explicó que varios medios tradicionales han optado por reducir o eliminar la publicación de encuestas debido a los altos costos y al riesgo reputacional. “Hacer una encuesta seria es caro. El vacío que dejan los medios formales lo están llenando actores digitales sin controles claros”, apuntó.
Finalmente, Huamán alertó que estas deficiencias ocurren en un país con alta desconfianza institucional y un electorado mayoritariamente indeciso, lo que amplifica el impacto de información poco clara. “En una democracia frágil, encuestas sin credibilidad pueden terminar influyendo más de lo que deberían en la decisión de voto”, concluyó.
