El presidente José María Balcázar oficializó la norma que beneficia a 350 mil servidores, una medida que tendría un impacto fiscal de S/ 2,800 millones anuales, según el MEF.
El presidente de la República, José María Balcázar, promulgó este lunes la ley que otorga gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, además de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), a los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
El último viernes, el mandatario había adelantado su compromiso de promulgar la autógrafa de ley, luego de un encuentro con representantes gremiales en Palacio de Gobierno.
La Ley Nº 32563 introduce modificaciones fundamentales al Decreto Legislativo 1057, estableciendo que los trabajadores bajo esta modalidad tendrán derecho a percibir dos gratificaciones anuales equivalentes a una remuneración mensual cada una.
Asimismo, se incorpora el beneficio de la CTS, la cual se calculará sobre la base del 100% de la remuneración mensual por cada año de servicio y será cancelada únicamente al término del vínculo laboral con la entidad.
En cuanto a la naturaleza de los contratos, la norma define tres modalidades principales, integradas por los contratos a plazo indeterminado para actividades permanentes tras un concurso público; los contratos a plazo determinado para suplencias o necesidades transitorias con un límite máximo de renovación de cinco años; y los contratos de confianza para el entorno directo de funcionarios públicos.
Adicionalmente, se ratifica que los contratos que adquirieron condición de indeterminados bajo la Ley 31131 mantendrán dicha naturaleza.
El impacto fiscal y la controversia con el MEF
La implementación de estos beneficios se financiará mediante modificaciones presupuestarias internas de las entidades de los tres niveles de gobierno, previa opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
No obstante, el MEF estima que el costo anual de la medida superará los S/ 2,800 millones, lo que generaría una presión considerable sobre el gasto fiscal.
Esta divergencia técnica ha provocado cuestionamientos desde el Consejo Fiscal, dado que la Constitución prohíbe al Congreso crear o aumentar el gasto público.
A pesar de estas advertencias y del diálogo iniciado por la presidencia del Consejo de Ministros para evaluar la sostenibilidad de la norma, el Ejecutivo procedió con la firma de la autógrafa para cumplir con las demandas de los servidores públicos.
Promulgación de la ley que autoriza el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS
El Ejecutivo también promulgó este lunes la Ley Nº 32566, que autoriza, excepcionalmente y por única vez, el cambio de contrato del personal asistencial de EsSalud que laboró bajo la modalidad CAS-COVID durante la emergencia sanitaria.
Esta disposición beneficia a quienes no fueron incluidos en normas previas y que acrediten al menos un año de servicios ininterrumpidos, o en su defecto, la existencia de vacantes presupuestadas en sus respectivas redes asistenciales.
Para acceder a este cambio, los trabajadores no deben haber renunciado voluntariamente ni estar comprendidos en otro régimen laboral del sector público al momento de la implementación.
El Seguro Social de Salud dispone de un plazo máximo de noventa días calendario para ejecutar este proceso, el cual deberá financiarse estrictamente con sus recursos propios sin requerir partidas adicionales del erario nacional.
