La tensión crece en el sector Tejedores, en Tambogrande, donde pobladores denuncian un avance acelerado de la minería ilegal y una ausencia de respuesta efectiva por parte de las autoridades frente a una actividad que, según afirman, viene deteriorando la seguridad, la salud y el ambiente en la zona.
La denuncia fue expuesta públicamente por Saturdino Velásquez García, residente del sector, quien advirtió que la extracción ilegal de minerales ha alcanzado niveles sin precedentes en comparación con años anteriores. Según relató, las detonaciones con explosivos se han convertido en una práctica diaria sin que exista control ni fiscalización.
“Todos los días tiran dinamita y nadie dice nada”, señaló el poblador, al describir una situación que, según su testimonio, ya estaría afectando la integridad física y la salud de los habitantes del lugar.
De acuerdo con los vecinos, la frecuencia de las explosiones ha generado una preocupante normalización del problema. Los pobladores aseguran que han tenido que adaptarse al ruido constante de las detonaciones y convivir con la incertidumbre, en un contexto donde no existen garantías de seguridad ni medidas visibles de protección.
A esta situación se suma el impacto ambiental derivado de la actividad extractiva. Según la denuncia, los operadores ilegales remueven y procesan todo el material disponible, desde piedras hasta capas superficiales de tierra, impulsados por el alto valor de los minerales en el mercado.
Los habitantes advierten que esta explotación intensiva está alterando progresivamente el entorno y agravando el deterioro territorial en una zona históricamente sensible por la presión minera.
Las críticas también alcanzan a las organizaciones locales y a las autoridades. Velásquez cuestionó la falta de respaldo del Frente de Defensa del sector y aseguró que el Estado mantiene en abandono a la población, pese a la magnitud del problema.
“Muchos dicen que no hay minería ilegal, pero nosotros estamos aquí y estamos abandonados”, afirmó, rechazando las versiones que minimizan la actividad ilegal en la zona.
La denuncia pone nuevamente en agenda la problemática de la minería ilegal en Tambogrande, donde comunidades rurales vienen alertando sobre el crecimiento de actividades extractivas clandestinas que operan al margen de la ley y sin control ambiental.
Mientras la población exige acciones concretas, el caso de Tejedores refleja la creciente preocupación en zonas rurales donde la expansión de la minería ilegal no solo compromete el equilibrio ambiental, sino también la seguridad y la gobernabilidad territorial.
