Paralización minera frena crecimiento y aleja inversiones, advierte exdecano del Colegio de Economistas de Piura

Raúl Martínez sostiene que el próximo gobierno deberá equilibrar competitividad y sostenibilidad para destrabar proyectos estratégicos.
La paralización de proyectos mineros en el país no solo afecta la inversión privada, sino también el crecimiento económico, la generación de empleo y los ingresos que reciben las regiones y municipios, advirtió Raúl Martínez, exdecano del Colegio de Economistas de Piura. El especialista señaló que la minería continúa siendo uno de los principales motores de la economía peruana y que cualquier retraso en el desarrollo de nuevos proyectos termina impactando directamente en la actividad productiva nacional.
“Cuando un proyecto se retrasa o se detiene, el país también pierde oportunidades de inversión, miles de puestos de trabajo potenciales y recursos para regiones y municipios”, afirmó. En ese sentido, explicó que la minería aporta entre el 10 % y el 15 % del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú, además de generar divisas, canon, regalías y dinamizar sectores vinculados al transporte, comercio, servicios y construcción.
Martínez indicó además que la incertidumbre en torno a los proyectos extractivos termina enviando señales negativas a los inversionistas nacionales e internacionales, afectando la competitividad del país frente a otros mercados de la región. “El reto del próximo gobierno, ya sea de Keiko Fujimori o de Roberto Sánchez, debe ser construir un equilibrio entre la competitividad y la sostenibilidad”, sostuvo el economista.
Asimismo, consideró urgente impulsar reformas que permitan agilizar las inversiones sin debilitar los estándares ambientales y sociales. Entre las medidas planteadas mencionó la simplificación de trámites, la reducción de la sobreposición de permisos, la digitalización de procesos y el fortalecimiento de la coordinación entre entidades públicas. “Resulta fundamental fortalecer los mecanismos de diálogo territorial y gestión de conflictos sociales para evitar que los proyectos se paralicen por falta de legitimidad o comunicación con las comunidades”, puntualizó.