Si se aprueba devolución de aportes, Ejecutivo dice que se tendría que plantear demanda de inconstitucionalidad

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola afirmó que, de presentarse el recurso anunciado por el Ejecutivo, “la inconstitucionalidad se declara si es que hay cinco votos conformes en el TC”

La Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó ayer la insistencia para la devolución de hasta una UIT (S/4.300) a los aportantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Con ello, el proyecto sigue su camino para ser debatido en el Pleno.

Así sucedió luego de que también se insistiera en la aprobación de la autógrafa de la ley en las comisiones de Economía, Trabajo y Defensa del Consumidor. Cabe recordar que esto se produce luego de que el Ejecutivo observara la iniciativa en setiembre pasado.

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Asimismo, los congresistas rechazaron la propuesta del Ejecutivo que proponía modificaciones al sistema público previsional. De este modo, el proyecto quedó archivado.

La ministra de Economía, María Antonieta Alva, quien participó de la sesión virtual, calificó como “perjudicial” la propuesta impulsada desde el Congreso.

“Me preocupa que, a pesar de todos los esfuerzos, se insista en un proyecto que es perjudicial para el país, además con algunas imprecisiones que he escuchado a lo largo del debate”, manifestó.

Alva agregó que, de continuar con la insistencia, el Ejecutivo tendría que plantear una demanda de inconstitucionalidad para la norma.

ANÁLISIS

Al respecto, el economista Enrique Castellanos subrayó que el principal perjuicio de esta iniciativa es que “va contra la caja fiscal”.

“El tema es de dónde sacas [el dinero]. El problema es que estás usando la plata de todos para pagarle a un grupo de personas”, anotó. “Es un gasto que vamos a pagar todos vía mayor IGV o mayor Impuesto a la Renta”, añadió.

Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola afirmó que, de presentarse el recurso anunciado por el Ejecutivo, “la inconstitucionalidad se declara si es que hay cinco votos conformes en el TC. Si [se] considera que hay un interés público, podría dictar sentencia entre dos meses y medio o tres meses”, precisó.

Ahora, de no reunirse los cinco votos, la ley seguiría siendo constitucional. “Todas las leyes que salen del Congreso, de acuerdo con nuestro ordenamiento, tienen lo que se conoce como presunción de constitucionalidad”, concluyó.

Fuente: El Comercio

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